La Ley 38/2022, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 28 de diciembre de 2022, establece el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (IGF). Esta medida ha generado un intenso debate debido a la falta de coordinación con los mecanismos de financiación de las Comunidades Autónomas. En este artículo, analizaremos en detalle los aspectos clave de esta ley y su impacto en la sociedad.
El Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (IGF)
El IGF se configura como un impuesto complementario del Impuesto sobre el Patrimonio, de carácter estatal y no susceptible de cesión a las comunidades autónomas. Su objetivo principal es gravar con una cuota adicional los patrimonios de las personas físicas cuyo valor supere los 3.000.000 de euros. Esta medida tiene como propósito promover la solidaridad y contribuir al fortalecimiento de la economía.
Ámbito territorial y ejercicios afectados
El IGF es de aplicación en todo el territorio español, a excepción de los regímenes forales de Concierto y Convenio Económico con el País Vasco y Navarra. Inicialmente, se establece que este impuesto será aplicable únicamente para los ejercicios 2022 y 2023, siendo temporal en su naturaleza. Sin embargo, la ley contempla la evaluación de resultados al finalizar este periodo, permitiendo al Gobierno proponer su mantenimiento o supresión.
Sujetos pasivos y exenciones
En cuanto a las exenciones, se aplican las mismas disposiciones contempladas en la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio (IP). Esto implica que, bajo ciertos requisitos, se pueden excluir de la base imponible del IGF el valor de las participaciones en empresas familiares, ciertos objetos de arte y antigüedades, bienes del Patrimonio Histórico español y de las Comunidades Autónomas, así como el importe de la vivienda habitual hasta un máximo de 300.000 euros, entre otros.
Los sujetos pasivos del IGF son las personas físicas residentes en territorio español con un patrimonio neto superior a 3.000.000 de euros en la fecha de devengo del impuesto. Se establece un mínimo exento de 700.000 euros, lo que implica que la tributación efectiva se aplicará a los patrimonios netos superiores a 3.700.000 euros. Además, las personas físicas no residentes y los contribuyentes que apliquen el régimen de impatriados también están sujetos a este impuesto, sin aplicar ningún mínimo exento.
Escala de gravamen y límite de la cuota íntegra
La escala de gravamen del IGF coincide con la establecida en la Ley del IP, con la particularidad de que los primeros 3.000.000 de euros de base liquidable no generan tributación. En relación al límite de la cuota íntegra, se establece que esta, junto con las cuotas íntegras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del IP, no puede exceder el 60% de la suma de las bases imponibles del IRPF. Sin embargo, este límite solo aplica a las personas sujetas por obligación personal, mientras que los no residentes y los impatriados no están sujetos a este límite.
| Base liquidable–Hasta euros | Cuota–Euros | Resto Base liquidable–Hasta euros | Tipo aplicable–Porcentaje |
| 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 3.000.000,00 | 0,00 | 2.347.998,03 | 1,7 |
| 5.347.998,03 | 39.915,97 | 5.347.998,03 | 2,1 |
| 10.695.996,06 | 152.223,93 | En adelante | 3,5 |
Cuota efectivamente satisfecha en el IP
Con el objetivo de evitar la doble imposición, se permite deducir del IGF la cuota satisfecha en el IP. Esto significa que la incidencia del IGF puede variar dependiendo de la cuota previamente abonada por el IP, según las regulaciones vigentes en cada comunidad autónoma.
La Ley Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) establece un impuesto temporal de solidaridad con el propósito de fortalecer la economía y fomentar la solidaridad en la sociedad. A través de esta medida, se gravan los patrimonios de las personas físicas cuyo valor supere los 3.000.000 de euros. Es importante destacar que se aplican exenciones para ciertos activos y que existe un límite de tributación máxima. Si bien esta ley ha generado controversia, su implementación busca contribuir al desarrollo económico y la redistribución de la riqueza en el país.
