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Novedades en los Concursos de Acreedores el 30 de Junio – ZincoBS

La moratoria concursal que ha estado vigente desde la declaración del estado de alarma concluirá el próximo día 30 de junio de 2022, fecha para la que se prevé esté publicada la nueva ley concursal, aunque no entrará en vigor hasta un mes después.


Si estando en situación de insolvencia actual o inminente no se presenta el concurso hay una presunción de culpabilidad concursal del deudor o los administradores.

Incluso la moratoria concursal puede no haber protegido el patrimonio personal del administrador si durante la moratoria concursal la situación patrimonial de la empresa ha empeorado por haber dejado de cumplir sus obligaciones de diligencia para con la sociedad o haya dejado de estar operativa por haber abandonado la empresa a su suerte sin cumplir las obligaciones con sus acreedores.


Respecto a la Hacienda Pública, la no obligación de presentar la solicitud voluntaria del concurso de acreedores no afecta a la posible acción de derivación de responsabilidad hacia el administrador, que puede interponer la AEAT, al amparo de lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 58/2003 General Tributaria de 17 de diciembre por deudas no satisfechas a su vencimiento por la sociedad y no haber adoptado el administrador las medidas necesarias para evitar el impago.


En idéntico sentido, la TGSS también puede derivar responsabilidad frente a los administradores, aunque no sea obligatoria la solicitud del concurso con motivo de la moratoria concursal ya que a la TGSS le basta con probar la existencia de la causa legal de disolución atribuyendo a sus administradores el incumplimiento de sus deberes inherentes a su cargo para derivarles responsabilidad.


Esto ocurrirá cuando el administrador no haya promovido el proceso de disolución y liquidación de la compañía en el Registro Mercantil como exigen los artículos 360 a 366 de la Ley de Sociedades de Capital o en su caso no haya promovido la declaración del concurso voluntario de acreedores.


Sólo a través de estos procesos se puede considerar que el administrador ha hecho todas las actuaciones necesarias para el pago de las deudas tributarias devengadas y pendientes de pago.


También puede haber responsabilidad del administrador que presente concurso tras la moratoria y se verifique que la insolvencia era anterior al estado de alarma, con lo que podría incurrir en presentación tardía del mismo y promoverse una calificación culpable.


Por ello, el procedimiento concursal no sólo es de obligado cumplimiento según la ley para aquellas sociedades que estén en situación de insolvencia o prevean que pueden estarlo, es también una herramienta para propiciar un convenio con los acreedores que permita la continuidad de la empresa y un seguro para evitar que la derivación de la responsabilidad acarree la afectación del patrimonio personal de los administradores.

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